Una mirada crítica a las medidas del Gobierno, la comparación desfavorable con Francia, y el papel decisivo de la banca en la canalización del crédito a las empresas.
El Gobierno de España anunció, por fin, tras semanas de crisis por el coronavirus, en qué se concretarán las medidas encaminadas a dotar de crédito y liquidez a las empresas para paliar los efectos negativos del covid19.
Básicamente, se establece una línea de avales del ICO, de importe previsto hasta 100.000 millones de euros pero que de momento solo se ha activado una primera dotación de 20.000 millones de euros. Los créditos bancarios que se otorguen al amparo de esta línea del ICO gozarán de una garantía del 80% para el caso de autónomos y pymes y podrán utilizarse tanto para nuevas operaciones como para renovaciones. Cuando el importe a solicitar supere los 1.5 millones, además, habrá que cumplir que dicho importe solicitado cumpla alguno de los dos requisitos: no superar el 25% de la facturación de 2019 o no superar dos veces los gastos de personal de 2019. Los plazos de los préstamos pueden ser hasta 5 años, con uno de carencia de obligado cumplimiento.
Para el caso de grandes empresas (aquellas con más de 250 empleados, facturación por encima de 50 millones de euros o activos de más de 43 millones de euros), el porcentaje de garantía del ICO baja al 70% en caso de nuevas operaciones y del 60% para las renovaciones. Los requisitos según el importe, así como los plazos de los préstamos, no varían respecto a las pymes.
Estas medidas parecen insuficientes para la necesidad de crédito y liquidez de las empresas españolas. Si comparamos por ejemplo las condiciones de la línea ICO con las que estableció el Gobierno francés el pasado 16 de marzo, las empresas españolas se sitúan en una posición desfavorable respecto a sus homólogas francesas. En Francia se ha establecido una garantía del 90% para cualquier empresa que tenga una facturación de hasta 1.500 millones de euros o menos de 5.000 trabajadores, porcentaje de garantía que sin duda facilita la concesión por parte de los bancos. El plazo que se establece es de un año de carencia, y en aquel momento la empresa decidirá qué plazo de amortización requiere, desde un año hasta un máximo de 5 años.
En esta situación de desequilibrio entre empresas de España y Francia por parte de las medidas lanzadas por cada Gobierno, cabe añadir lo que nos tememos que va a pasar en cuanto a la concesión de créditos por parte de la banca. La diferencia en este apartado puede ser sustancial. En Francia se establece un proceso tan simple como el siguiente:
- La empresa solicita al banco el crédito.
- El banco examina la situación de la empresa (básicamente, si cumple los requisitos que le permiten optar al crédito, sin entrar en una evaluación de sus estados financieros ni previsiones) y emite un pre-acuerdo.
- La empresa se conecta a una plataforma electrónica que proporciona la banca pública francesa BPI y obtiene una identificación que debe comunicar a su banco.
- Con la confirmación de la identificación, el banco otorga el préstamo a la empresa.
Frente a este procedimiento casi automático de concesión de créditos en Francia, la situación en España va a ser bastante diferente, por desgracia. Es más que probable que la banca española, muy condicionada por el sobrecoste que representa una inferior garantía ofrecida por el Estado español, y con la preocupación ante la morosidad que pueda tener, opte por sustituir sistemáticamente todos los riesgos que mantiene con sus clientes empresas por créditos amparados con la garantía del aval del ICO, y que no se utilicen estos créditos para inyectar dinero nuevo a las empresas. También hay que ser consciente que nos moveremos en un escenario de alud de peticiones de las empresas a sus entidades financieras, que aunque sus gestores comerciales pongan la mejor voluntad, probablemente comportarán cuellos de botella, demora en las resoluciones y formalización de los créditos, así como poca personalización en el diseño de soluciones adaptadas a cada realidad empresarial.
Está claro que vienen unos meses muy complicados para las compañías, en donde a la ingente gestión que deben realizar con sus equipos, clientes, proveedores y cumplimiento de obligaciones, también habrá que añadir estar muy atentos a lo que sus bancos decidan en cuanto a sus líneas existentes. Que el remedio que está poniendo el Gobierno y que deben canalizar los bancos no sea todavía peor que esta enfermedad devastadora que ha llegado. Una gestión financiera estratégica es más que nunca necesaria por parte de las empresas.