El pasado mes de mayo de 2021 la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa aprobó el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de la financiación avalada por entidades públicas (ICO, CESCE o CERSA) con motivo de la crisis del Covid-19.
Así pues, las empresas que recibieron ayudas en forma de financiación bancaria avalada por estas entidades públicas tendrán la posibilidad de solicitar alguna de estas 3 medidas que se ponen a su disposición:
- Prórroga de los préstamos ICO: por dos años más, con lo que el plazo máximo para préstamos menores de 1.8 millones € será de 10 años, y para superiores a 1.8 millones € será de 8 años. Esta prórroga será obligatoria para los bancos en los casos de disminución de ventas de más del 30% en el periodo de 2020 respecto a 2019, y solo opcional si la disminución de facturación es menor.
- Conversión de la financiación en préstamo participativo, con mantenimiento del aval público: en este caso, es obligatoria la disminución de facturación de más del 30% y además que la empresa haya registrado pérdidas en 2020. La refinanciación de la deuda avalada será vinculante para todos los bancos, cuando la apoyen más del 50% del nominal avalado.
- Como medida de último recurso, la reducción (quita) del principal de la financiación mediante la realización de transferencias por parte del Estado.
Todas estas modalidades se aplicarán en el marco de un acuerdo de renegociación de la deuda de todos los bancos, haciendo el mejor esfuerzo éstos en incluir tanto la parte avalada como la no avalada, generada entre el 17/3/20 y 12/3/21.
Se podrá aplicar una o varias medidas, a la vez o de forma sucesiva. Para coordinar todo este proceso entre las diversas entidades financieras, se ha estipulado que sea el banco con más riesgo ICO el coordinador de todos los bancos, y a él deberá dirigirse la empresa. Los tramos 1 y 2 deben comunicarse a ICO antes del 1/12/21, y el 3 antes del 1/12/22. De estas reglas de coordinación se excluye la deuda con garantía real o con fiadores.
Otro punto muy importante a tener en cuenta es que, en caso de acogerse a alguna de estas tres modalidades, los bancos se comprometen al mantenimiento de las líneas de circulante hasta 31/12/22. Y por lo que respecta a la refinanciación de la deuda no avalada, aquí sí que será necesaria la unanimidad de todas las entidades financieras.
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